El desarrollo turístico del litoral gallego es “insuficiente” para el gobierno autonómico. La Xunta de Galicia ha presentado las directrices de ordenación del territorio, que están sometidas a exposición pública desde el jueves de la pasada semana y que –según los cálculos del Gobierno gallego– estarán aprobadas antes de que finalice el año. En ellas, y abundando en la polémica sobre la presión urbanística ejercida contra el territorio costero, se argumenta que la explotación explotación turística del litoral gallego todavía es “muy escasa”. La solución a la crisis, que en España nació de la burbuja inmobiliaria pasa, según el ejecutivo de San Caetano, por seguir invirtiendo en ladrillo y cemento y no dejar un palmo de terreno sin edificar.
Los propios responsables políticos conservadores hacen bueno el término “marbellización”, acuñado durante la pasada legislatura y que se refiere a aplicar en Galicia prácticas urbanísticas propias del Levante y que han dejado resultados desoladores: caos en la planificación, deficiencia de servicios, especulación desmesurada, precios irreales, destrucción total de la biodiversidad e incluso problemas de corrupción. Según recoge el texto presentado por la Xunta, “en el litoral de Galicia, el turismo presenta aún un desarrollo muy escaso en comparación con lo que ocurre en otras zonas costeras de la Península”. Ya que las normas de construcción en la costa son severas y proteccionistas en las comunidades cantábricas, en la península el modelo “sin restricciones” está localizado en el Levante y Andalucía.
Cuando Alberto Núñez Feijóo diseñó su ejecutivo unió las consellerías de Política Territorial y Medio Ambiente. En aras de la funcionalidad puso a merced del poderoso (Política Territorial, encargada de infraestructuras) el contrapeso que suponía Medio Ambiente. Con el terreno libre, la consellería critica a los enclaves turísticos gallegos diciendo que suelen ser “destinos de alojamiento poco dinámicos, de segunda residencia y alquiler de temporada”.
Frente a este modelo, la Xunta aboga por potenciar los equipamientos urbanos y por una “progresiva substitución de plazas de apartamentos y de segunda residencia por prazas hoteleras”, con especial atención a entornos como los de Sanxenxo y Baiona, ambos en las Rías Baixas. “Se sugiere un cambio de modelo turístico que reduzca los problemas de congestión y la presión sobre los espacios naturales del entorno”, proponen las directrices, que ven en éste un aspecto clave para reducir la estacionalidad de la oferta turísticas en ambas zonas.
El modelo del documento es organizar un sistema de diseño del litoral. En este sentido, fijan siete nodos principales, que se definen como villas con entidad suficiente para mejorar la posición de Galicia en los grandes mercados turísticos: Ribadeo, Viveiro, A Coruña, Camariñas, Sanxenxo, Baiona y A Guarda. A continuación, se situarían los nodos secundarios –entidades con relevantes complejos de atracción–, que serían Foz, Burela, Ortigueira, Cedeira, Ferrol, Miño, Carballo, Malpica, Corcubión, Fisterra, Muros, Noia, Ribeira, Vilagarcía, O Grove, Pontevedra, Vigo y Oia. Finalmente, el modelo delimita las denominadas “portas de acceso”, donde confluyen las infraestructuras de comunicación que permiten la entrada de visitantes: puertos, aeropuertos y carreteras.
En el ámbito de las comunicaciones, las directrices consideran “de interés” la puesta en marcha de proyectos de transporte colectivo litoral y la mejora del transporte marítimo en las rías, “favoreciendo su uso turístico”. Entre las iniciativas que se recoge, y en una clara apuesta por el ‘boom’ de la enología, se sugiere ampliar los itinerarios de bodegas ya existentes en las Rías Baixas, en especial en la península de O Salnés y en la costa sur.
Por lo que respecta a la costa lucense, la Xunta ve con buenos ojos impulsar una estrategia turística sobre el eje Viveiro-Ribadeo apoyada en la oferta conjunta de estación náutica y de actividades en contacto con la naturaleza. Eso sí, pone deberes para corregir “los desenvolvimientos urbanísticos de baja calidad” que han proliferado en la zona los últimos años.
A pequeña escala, el plan se enfoca a promover pequeñas instalaciones hoteleras vinculadas a núcleos y puertos ya existentes, especialmente en las áreas de la Costa da Morte, en el Arco Bergantiñán y las Rías Altas, con marca de calidad turística.
Faros
Entre las escasas propuestas concretas que aparecen contempladas en las directrices de ordenación del territorio figuran, por un lado, las distintas rutas jacobeas y, por otro, la ‘Senda dos Faros’, con la que se pretende “generar atracción” sobre los núcleos de población del litoral. Así, se adecuarán “recorridos blandos y continuos para su uso por peatones y bicicletas que permita recurrir todo el litoral gallego proporcionando un elemento de gozo del mar como escenario paisajístico visible a lo largo de todo su desarrollo”, y en el que las instalaciones tradicionales como los faros ofertarán servicios para los usuarios.
Fracaso del turismo rural
Las directrices de ordenación del territorio apuntan la necesidad de diversificar la oferta de turismo rural existente, ya que, según recogen, la experiencia generada con la aparición de las casas rurales no consiguió “hasta el momento cambios importantes en las estructuras económicas de los núcleos donde se sitúan”. Entre las causas de esta situación, el documento recoge factores como “la escasez de infraestructuras de acogida, la pobreza de los servicios ofertados a los visitantes o las deficientes infraestructuras de acceso”.
No más “solo alojamiento”
Se acabó la oferta de alojamiento y punto. “La mera función de alojamiento ofrecida de forma aislada no tiene capacidad revitalizadora de en medio rural”, argumentan, tras dejar constancia de que Galicia no llega a “alcanzar la explotación de una mínima parte de los recursos disponibles”.
La propuesta de la Xunta en este ámbito contempla el desarrollo de una red de áreas de interpretación de la naturaleza destinada a canalizar las demandas de ocio en contacto con el medio físico y natural. Sobre el paisaje, las directrices remiten a la ley aprobada en la anterior legislatura, y cualquier actuación sobre el territorio “incluirá un estudio de impacto paisajístico”.