En el caso del Panteón de Galegos Ilustres (situado dentro de la Igrexa de San Domingos de Bonaval, BIC desde 1912), y tras la sentencia judicial que confiere la titularidad del recinto a la Iglesia, la Consellería de Cultura ha optado por negociar con el Arzobispado de Santiago y firmará en breve un convenio para hacerse cargo de su gestión y volver a abrirlo al público en este mes de julio. A raíz del convenio, la Xunta tendrá que afrontar los gastos de mantenimiento del panteón. Por lo que respecta al Pazo de Meirás —cuyos dueños, la familia Franco, están obligados a abrirlo al público cuatro veces al mes—, el departamento autonómico confía en publicitar próximamente un acuerdo con los dueños por la “vía del diálogo”, aunque de momento se sigue a la espera de que los Franco den cumplimiento a una orden que ya debería haberse hecho efectiva hace un año.
Estos dos ejemplos figuran entre los casos más llamativos pero no son los únicos que afectan a un patrimonio protegido que integran 620 BICs. Fuera de bienes de acceso público como los yacimientos megalíticos o los cascos históricos, son muchas las muestras de patrimonio histórico gallego ruinoso o cerrado. Entre otros, el emblemático dolmen de Dombate, en Cabana de Bergantiños (A Coruña), está en proceso de restauración desde el pasado mes de febrero; un caso completamente diferente a los de una decena de pazos cerrados al público, como el pazo de San Lourenzo, en Santiago de Compostela, que se alquila para la celebración de eventos; el Pazo de Rial, situado entre Vilagarcía y Vilanova de Arousa (Pontevedra) y accesible únicamente por estar convertido en hotel; el Pazo Torre de Xunqueiras, en A Pobra do Caramiñal, que fue objeto incluso de una solicitud de apertura en el Parlamento de Galicia el pasado mes de marzo; o el curioso caso de la fortaleza de Maceda (Ourense), que permaneció durante meses inaccesible porque el concesionario de su explotación como hotel boicoteaba su uso turístico y lo mantenía para uso privado. Pese al desalojo, el caso continúa abierto en los tribunales y se une al en ocasiones esperpéntico panorama del patrimonio histórico gallego.
Pontevedra y Santiago, protección con veteranía
Las ciudades de Santiago de Compostela y Pontevedra son las que acumulan mayor veteranía en cuanto a años de protección de sus monumentos se refiere. En Pontevedra, las ruinas del convento de Santo Domingo fueron declaradas monumento estatal en 1895, y la Iglesia de San Francisco en 1896.
En Santiago, curiosamente, no fue la Catedral el primer monumento declarado con tal protección por la ley estatal, sino la Colegiata Santa María la Real de Sar, que obtuvo protección por la ley de 1895. La Catedral y la Iglesia de San Francisco lo obtuvieron un año después.
En la provincia de Lugo, el monumento que lleva más años protegido es la Catedral de Mondoñedo, monumento desde 1902. Las Murallas de Lugo obtuvieron la distinción en 1921.
Existen 252 elementos singulares protegidos en la provincia líder en esta figura: Pontevedra. Con todo, es líder por los grabados rupestres (más de 190), que se contabilizan por separado pese a que la mayoría comparten yacimiento.
Infracciones
La Policía Autonómica de Galicia, a la que compete velar por el cumplimiento de la ley de protección del patrimonio, realizó durante el pasado año un total de 532 inspecciones por supuestas infracciones,que derivaron en la apertura de 118 actas. Por unidades, el mayor número de actas abiertas correspondieron a las de de Pontevedra y Ourense, con 31 cada una. Le siguen la unidad de Vigo, con 30 actas; la de Lugo, con 23, y la de A Coruña, con tres. En la unidad policial de Santiago de Compostela no se contabilizaron ni inspecciones ni actas por este motivo.
Junto con la protección patrimonial, los agentes de la Policía autonómica también llevan a cabo acciones de vigilancia y protección del Camino de Santiago. Por este motivo, realizaron durante el pasado ejercicio —según los datos que constan en la memoria de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia— un total de 206 inspecciones por las distintas rutas —especialmente en el Camino Francés, que cuenta con la mayor protección—, y a raíz de ellas se abrieron siete actas por infracción administrativa. Asimismo, y en las competencias relativas a la ordenación urbana, los agentes realizaron 1.085 inspecciones, que generaron 364 actas.
La Xunta de Galicia trabaja en la reforma de la ley de patrimonio cultural de Galicia con el objetivo de endurecer las sanciones, que en la normativa actual llegan tan solo a un máximo de 150.000 euros en el caso de las más graves. Las autoridades pretenden combatir casos de expolio del patrimonio gallego que, según los datos de la Fiscalía Superior de Galicia, acabaron con la apertura de 25 procesos judiciales en 2009. Entre las causas del elevado volumen de agresiones al patrimonio histórico (robos sobre todo) sobresale la elevada dispersión.