Este condicionante estratégico ha propiciado el que la casi totalidad de las formaciones políticas catalanas defendiesen la operación público-privada gestada para conseguir la propiedad de Spanair. La necesidad de conexiones internacionales para garantizar la competitividad en el mercado global y el componente identitario, entrelazados, actuaron como razones de peso para confundir lo público con lo privado. Como es costumbre en el panorama económico y financiero desde 2008, los gastos y pérdidas se socializan –lo público– y los beneficios se privatizan.
Sin disponer aún de los datos para el total del año, las cifras suministradas por Spanair revelan que la aerolínea continuó incrementando sus pérdidas desde que los catalanes se hicieron con la empresa en marzo de 2009. En ese ejercicio, acumuló 186 millones de euros de pérdidas, cifra superior a los 150 millones registrados en 2008. La tendencia que se apunta desde TAT es que, en vez de remontar los números rojos, Spanair entre en un ciclo de recesión que amenaza seriamente su futuro.
La empresa no prevé volver a los beneficios hasta el próximo año 2012 lo que es muy difícil de obtener ya que, para hacer frente a su proyecto estrella de expansión internacional y la visibilidad de la marca catalana necesitaría al menos otros 150 millones de euros para invertir en un periodo de tres años. La única vía posible es conseguir el capital a través de empresas públicas o de inversiones privadas locales. Actualmente, casi el 65% del accionariado es propiedad de empresas ligadas a las administraciones públicas catalanas, vinculadas a la Generalitat, al Ajuntament y a la Feria de Barcelona.
Ahora que está de moda citar a Lacan, se puede utilizar su sistema de clasificación de los hechos entre lo real y lo simbólico para explicar una parte de la situación de muchas empresas aeronáuticas. Simbólicamente, las empresas de capital privado deberían apoyarse en la idea de que es su destreza y competencia la que determina su supervivencia en el mercado: si acuden con una oferta mejor a las demandas de los consumidores, la “mano invisible” que regula el mercado garantizará su supervivencia y su prosperidad; según esto, el Estado no solo debe apartarse de la actividad económica. Es más, para aquellos sumergidos en los simbólico de esta ideología, lo ideal sería que el Estado desapareciese paulatinamente, pues ¿Qué es la vida si no un cúmulo de transacciones económicas en la que es el interés propio el que nos motiva para relacionarnos con los demás?
Lo real, en cambio, indica más bien lo contario: el Estado no solo es necesario para mantener el orden público y la integridad de la propiedad privada, sino que su gestión recaudatoria debe orientarse hacia la supervivencia material del mercado. En otras palabras: a mantener un listón de precios de forma artificial, ya que, en la palma de la “mano invisible” muchas empresas naufragan en el déficit: deben ajustar su oferta a la guerra de precios, cuando a ellos les cuesta más mantener un servicio de lo que los consumidores están dispuestos a pagar por él. El Estado, en su papel “real” y en manos de gestores políticos que dependen de muchos de estos empresarios, se empeña en mantener compañías y servicios fundamentales para la economía global a costa de todos los contribuyentes.
En otras palabras: se distrae dinero público sin que los representantes de los intereses ciudadanos velen por que el dinero invertido cumpla con eficiencia su tarea. Se confían ingentes cantidades de dinero a los mismos que hicieron naufragar su empresa.
Los ciudadanos parecen dispuestos a mantener enlaces internacionales con el dinero de sus impuestos pero si se hiciese balance, quizás optarían por otras formas. ¿Planificación y estudio de mercados potenciales? ¿Coordinación con agencias de los países emisores? ¿Promociones turísticas racionales, aprovechamiento de recursos, gestión? Suenan como propuestas ingenuas en un mundo que confunde lo público con lo privado y que nunca mira más allá del los próximos meses. O semanas.