La Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural aprobó por unanimidad la proposición no de ley presentada por el Partido Popular para excluir a la uva albariña del etiquetado de vinos sin denominación de origen protegida (DOP) o dicación geográfica protegida (IGP). Esto quiere decir que los vinos de mesa no podrán poner en su contraetiqueta que estan hechos con esta uva.
La proposición sólo insta, no obliga, al Ejecutivo a tomar medidas para evitar que se produzca una salida masiva de uva albariña hacia las zonas de producción latifundista, aunque lleva incluida una enmienda de adición del PSOE con la misma solicitud, por lo que el Gobierno la aprobará con seguridad, reclamando a la Comisión Europea que retire la uva albariña de las listas para vinificación y prohibiendo su etiquetado para el vino de mesa.
Como contábamos ayer, desde este año, Organización Común de Mercado (OCM) del Vino permite que cualquier vino elaborado en Europa pueda describir en su contraetiqueta las uvas con las que fue fermentado. La nueva norma dejaba un margen de maniobra a los gobiernos estatales al permitir excluir del contraetiquetado a variedades singulares vinculadas a un territorio concreto, para evitar confusiones si aparecen en otras zonas. Éste es el caso del albariño. el Gobierno pedirá esa exclusión y solo podrán etiquetar como albariño las DOP o las IGP -el 90% del vino gallego va por este cauce-, pero no podrán hacerlo los productores de vino de mesa.
Los perjuicios para el sectro vinícola gallego son dos: en primer lugar, de competencia. Los productores de vino de cartón se encuentran en zonas latifundistas (Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura). Estos productores no tienen la obligación de seleccionar la uva como sí la tienen los caldos gallegos adscritos a una DOP, con lo que prodría aparecer “albariño” a un euro y en mayor cantidad, vampirizando el prestigio de esta uva pero sin pasar por los controles que han hecho que estos caldos sean reconocidos.
El segundo problema deriva de este escenario de mercado reventado: los bodegueros gallegos daban por segura la fuga de la uva hacia las comunidades latifundistas, ante la imposibilidad de competir en cantidad y precio, que no en calidad. El decreto aprobado por el gobierno abortará esta fuga.
