Los hosteleros han mostrado su malestar ante la aprobación y entrada en vigor de la nueva ley antitabaco, que impedirá fumar en todos los bares y restaurantes, por lo que ya sólo les queda confiar en que no se hagan realidad sus malos presagios, que hablaban de pérdidas y despidos adicionales partir de 2011.
“Ojalá nos equivoquemos en nuestras previsiones”, según asegura el presidente adjunto de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), José Luis Guerra, ya que estiman unas pérdidas adicionales del 10 por ciento del volumen de facturación, mientras que en cuestión de empleo un informe del Instituto de Estudios Económicos estimaba unos 70.000 despidos.
De hecho, según añade Guerra en declaraciones a agencias, “frente a la satisfacción de tener razón en que la prohibición total va a acarrear pérdidas para la hostelería, es mayor la satisfacción de que las empresas pueden seguir funcionando sin problemas”.
Por ello, la FEHR ha anunciado que hará un seguimiento en los próximos meses de cuál es el impacto de la nueva ley para denunciar los efectos que tenga en el sector y “reclamar la responsabilidad política a quienes “les despreciaron como sector o les mintieron”.
“El problema –según lamenta– es que la responsabilidad política no la pagan los políticos con los sueldos o las dietas como lo van a pagar los hosteleros si tienen pérdidas”.
Además, el presidente adjunto de la FEHR asegura que la prohibición “radical” de fumar en bares y restaurantes lleva a España a liderar el pequeño grupo de países prohibicionistas, junto con Irlanda, Reino Unido y Chipre.
De igual modo, Guerra ha criticado que se cambia la ley de forma contradictoria para mantener los puntos de venta de tabaco en hostelería y ampliarlos “volviendo a la situación que existía incluso antes de la actual ley de 2005”, ya que a partir de enero podrán tener máquinas expendedoras todos los bares “aunque no se pueda consumir”, al tiempo que se rescatan unos “cuantos de miles de puntos de venta”, como son las gasolineras.
Puntos de venta secundarios
El Estado, a su juicio, han hecho esta medida “de tapadillo” y, según esgrimen, para compensar a los hosteleros “de unas pérdidas que no iban a tener”.
Sin embargo, asevera Guerra, el “motivo real” es mantener los ingresos fiscales y, si es posible, aumentarlos, ya que mientras los hosteleros se llevan 15 céntimos de cada cajetilla vendida en una máquina expendedora, el Estado se lleva 2,8 euros.
Así, “un bar tiene que vender mil cajetillas para que tenga 150 euros de margen bruto, cuando ese número no se vende ni en sueños en tres meses”.
Es un contrasentido que se prohíba el consumo de forma radical y exista una permisividad en la venta, manteniendo todos los puntos de venta de la hostelería más puntos anteriores que habían desaparecido por la anterior ley”, lamenta Guerra.
